DESCARGAR ENMIENDAS

Como sabes, la responsabilidad civil profesional en que puedan incurrir los agentes de seguros (con excepción de los operadores de banca-seguros), derivada de su actuación, será imputada a la entidad aseguradora con la que hubiera celebrado un contrato de agencia de seguros. Esto no impide, sin embargo, que los agentes contraten un seguro de responsabilidad civil en cuyo caso deben indicarlo en su publicidad y documentación mercantil.

El régimen anterior aplica tanto a agentes de seguros exclusivos como vinculados.

Los corredores de seguros y de reaseguros deberán contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, con una cuantía que pasa de 1.250.000€ a, al menos, 1.300.380€ por siniestro y de 1.850.000€ a 1.924.560€ para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.

Los corredores de seguros y de reaseguros deben, además, mantener una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el 4 por ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 19.510€ (hasta ahora era de 18.750€), conforme a la actualización llevada a cabo por el Reglamento Delegado antes citado.

Con carácter excepcional y vigencia limitada hasta un mes después de la finalización del estado de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, exclusivamente para aquellas pólizas en las que se haya otorgado unas condiciones específicas de pago al tomador como consecuencia de la situación creada por el COVID-19, se permite la declaración de los recargos al cobro independientemente de haberse escogido la opción de declaración a la emisión.

Asimismo, se permite fraccionar los recargos de todo tipo de pólizas, tanto si se ha optado por el régimen de declaración a la emisión como al cobro de los recibos, sin necesidad de previa comunicación al Consorcio ni de incluir esta opción en la base técnica.

La formalización de la declaración se llevará a cabo según lo determinado en el punto Tres.

Con carácter excepcional, no será causa de rechazo del pago de la indemnización por el Consorcio la ocurrencia del siniestro durante el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la prima del seguro acordado por la entidad aseguradora, mientras esté en vigor el estado de alarma y hasta un mes después del fin de su vigencia.

Estimad@ Colegiad@:

Te escrito para informarte sobre las novedades que estamos teniendo a nivel nacional con el Subdirector General de Seguros en la que me ha comunicado las siguientes cuestiones de interés:

a) PRESENTACIÓN DEC

El plazo para la presentación de la DEC ha quedado suspendido. Conforme se ha establecido en el RDL 15/2020 publicado el 22 de abril en el BOE, en el art. 24, se habilita a la DGSFP para que convoque una reunión de la Junta Consultiva de Seguros, tras la cual emitirá una Resolución informando sobre el nuevo plazo de presentación de la DEC de corredores y corredurías. En consecuencia, no existe obligación de presentar la DEC a 30 de abril de 2020 para los corredores y vinculados inscritos en la DGSFP en Madrid, este plazo ya había sido ampliado para los corredores y vinculados inscritos en la DGE de Valencia. Te mantendré informado.

b) CUENTAS DE CLIENTES

Tal y como te adelanté en la Circular que te envié anteayer y aunque no lo diga expresamente el RDL 3/2020 de 4 de febrero de distribución de seguros y reaseguros, la DGSFP confirma que las cuentas de clientes tienen que estar abiertas en entidades financieras, es decir, que se trata de cuentas bancarias y no de cuentas contables, que deberán estar «completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador…» (art. 136.4)

Igualmente, como te informé en mi Circular del 22 de abril, el plazo de 3 meses que establece el RDL de distribución de seguros y reaseguros, para que los mediadores establezcan cuentas de clientes, vence el próximo 6 de mayo. En consecuencia, a partir del próximo 6 de mayo, es obligatorio para todos los mediadores establecer estas cuentas bancarias separadas.

c) SEGURO DE CRÉDITO Y CAUCIÓN

Por otro lado, también te informo de que, con el objetivo de reforzar los mecanismos que contribuyen a que el sector asegurador desempeñe su función, así como para paliar la situación adversa del mercado de crédito y las dificultades que, como consecuencia de la reducción de la cobertura de riesgos asegurados, puedan afectar a las relaciones comerciales y los pagos entre las empresas, el Gobierno ha aprobado mediante el Real Decreto-ley 15/2020 de 21 de abril, publicado en el BOE de 22 de abril, habilitar al Consorcio de Compensación de Seguros para que desarrolle actividades de reaseguro de crédito y caución con efecto desde 1 de enero 2020.

La aceptación de los riesgos de crédito y caución cedidos por entidades aseguradoras privadas requerirá el acuerdo previo del Consejo de Administración del Consorcio, de conformidad con las reglas previstas en su Estatuto Legal. Para poder solicitar esta cesión de riesgos, las entidades aseguradoras deberán suscribir o adherirse a un acuerdo específico con el Consorcio.

PRÉSTAMOS ICO-CORONAVIRUS

Estimad@ Colegiad@:

En relación con el asunto de referencia, te informo de que esta tarde nos ha contestado el ICO informando que los mediadores si que pueden optar a las líneas ICO, y así lo ha comunicado a las entidades financieras.

Todo esto sucede después de haber presentado varias quejas el Consejo General y diversas asociaciones ante el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un escrito denunciando la mala praxis de algunos bancos que vienen denegando a los mediadores de seguros la obtención de préstamos avalados por el ICO para paliar la situación económica generada por el coronavirus.

En anteriores circulares te informe, tras un riguroso análisis jurídico, de que, entre otras cuestiones, los préstamos avalados por el ICO COVID-19 para empresas y autónomos están disponibles para todos los sectores de actividad sin distinción.

En el sentido de las malas prácticas bancarias, si algún cliente tuyo ha sido obligado a contratar con el banco un seguro para poder acogerse al préstamo ICO, no dudes en ponerte en contacto con el Colegio.

Hemos compilado las comunicaciones de las compañías para que puedas tenerlas todas juntas.

Puedes verlas y descargártelas aquí

Estimad@s Colegiados:

En esta ocasión me dirijo a ti para informarte sobre el desarrollo de las reuniones que mantenemos con Raúl Casado, Subdirector General de Autorizaciones, Conductas de mercado y distribución de la DGSFP.

En esta ocasión te adelanto un «estado de situación» sobre todas las medidas planteadas hasta la fecha:

– DEC: Estamos pendientes de respuesta por parte de la DGSFYP sobre su obligación de mantenerla a 30/04. La recomendación es hacerla en cualquier caso aprovechando este periodo de confinamiento. De cualquier manera, se incide en que los plazos están suspendidos y que tendremos noticias al respecto tan pronto sea posible.

– Plazos de adaptación de la Ley de Distribución (IDD), particularmente sobre las cuentas separadas:

Se mantiene el plazo de adaptación previsto hasta el 5 de mayo, fecha de expiración del plazo, que como sanes es a los tres meses de su publicación en el BOE. Se llama la atención particularmente en que los plazos que están suspendidos son aquellos que se refieren a procedimientos administrativos y no para aquellos que se refieren a leyes en vigor como es el caso.

– Exámenes Grupo A: De momento no hay modificación en su fecha a 11/06. Estamos pendientes de ver cómo evoluciona el confinamiento y en su caso, facilitar las alternativas propuestas.

– Consorcio de Compensación de Seguros: El fraccionamiento o retraso en los pagos acompañando las medidas de flexibilidad de las diferentes aseguradoras, está aún en estudio. El Consorcio celebra su Consejo de Administración a finales de este mes de abril. Tan pronto tomen una decisión, nos informarán.

– Utilización de la garantía de pérdida de beneficios: para ayudar a paliar el desastre en autónomos y pymes en general. En principio no se valora en estos momentos. Hay 1.3750.000 asegurados por estos sectores en el Consorcio. Las cifras serían astronómicas. El Consorcio el año pasado tuvo unas pérdidas importantes por causa de los riesgos como ha sido : Dana, Gloria, etc…. cuestión diferente seria y así nos no plantean que el Estado aportara recursos y en tal caso tendría que ser por Real Decreto Ley.

– Reaseguro para crédito: debido a la situación de mercado. Está en estudio. UNESPA también lo ha pedido.

– Entrega del IPID por parte de las aseguradoras: Tema aún no normalizado y complejo ya que se están planteando documentos estándar independientemente de las coberturas contratadas. Muchas aseguradoras aún no lo proporcionan en particulares y en empresas casi no existe. Lo pusimos en su conocimiento.

– Prohibición de vincular seguros a créditos ICO: que tanta repercusión ha tenido en los medios de comunicación, aun cuando lo hablamos antes de lo que ha ocurrido recientemente. Se insiste en la necesidad de elevar denuncias incluso si fueran «anónimas». Hay que documentarlo. En este sentido quiero indicaros que esperamos alguna medida aun cuando sea informativa o preventiva. Tienes más información en el siguiente enlace para poder descargarte una «Guía de contratación de préstamos ICO»

Y para concluir, te informo también que le trasladamos a nivel informativo el conjunto de medidas que tanto desde las aseguradoras como entre toda la mediación, estamos concretando a la hora de beneficiar a nuestros clientes como flexibilidad en pagos, devolución de prima por disminución de riesgo, derogación de reglas de equidad y proporcional, facilidad en peritaciones por el propio cliente, la no reclamación de recibos pendientes, etc.

Saludos cordiales,

Eusebio Climent
Presidente

Estimad@s colegiad@s:

Tras la polémica generada por las denuncias generadas en las redes sociales y medios de comunicación que alertaban de que había algunas entidades Financieras “imponiendo” seguros y por lo tanto cometiendo una práctica ilegal en la comercialización de préstamos avalados por el ICO COVID19, te informo que el ICO ha anunciado que prohíbe “expresamente” la venta cruzada de productos, según se recoge en su página web. Se trata de un hecho sin precedentes como el que estamos viviendo ahora en este estado de confinamiento y del que tomamos buena nota, por el impacto mediático que han provocado las quejas que estamos recibiendo y elevando a los órganos competentes.

Como indicamos en la Guía, la entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. Sin embargo, como excepción a esta regla y solo para la línea de avales COVD-19, el ICO establece que las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.

Igualmente, en el siguiente enlace, podrás descarte la sección de la página web del ICO donde se establecen las características de la línea de avales ICO COVID-19, conforme Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Adicionalmente, aprovechamos para recordarte que tenemos firmado un convenio con Coloriuris. Gracias al mismo, podrás enviar tus correos electrónicos con la misma validez que si fueran cartas certificadas. También tendrás la posibilidad de contratar servicios adicionales como “estado de entrega” y “verificación de descarga”.

En caso de que sea de tu interés, regístrate aquí.<https://www.coloriuris.net/envios-certificados/usuarios/cpmsalicante/login>

Bajo estas líneas verás los costes del servicio:

SERVICIO

Oferta

Colegio Profesional de Mediadores de Seguros de Alicante

Envío simple

0,08 €

Envío certificado

0,45 €

Envío certificado + estado entrega

0,80 €

Envío certificado + verificación de descarga

3,50 €

Envío certificado + estado de entrega + verificación de descarga

4,99 €

Saludos cordiales,

Eusebio Climent
Presidente

Estamos pendientes de respuesta por parte de la DGSFYP sobre su obligación de mantenerla a 30/04. La recomendación es hacerla en cualquier caso aprovechando este periodo de confinamiento. De cualquier manera, se incide en que los plazos están suspendidos y que tendremos noticias al respecto tan pronto sea posible.

Plazos de adaptación de la Ley de Distribución (IDD), particularmente sobre las cuentas separadas:

Se mantiene el plazo de adaptación previsto hasta el 5 de mayo, fecha de expiración del plazo, que como sanes es a los tres meses de su publicación en el BOE. Se llama la atención particularmente en que los plazos que están suspendidos son aquellos que se refieren a procedimientos administrativos y no para aquellos que se refieren a leyes en vigor como es el caso.

De momento no hay modificación en su fecha a 11/06. Estamos pendientes de ver cómo evoluciona el confinamiento y en su caso, facilitar las alternativas propuestas.

El fraccionamiento o retraso en los pagos acompañando las medidas de flexibilidad de las diferentes aseguradoras, está aún en estudio. El Consorcio celebra su Consejo de Administración a finales de este mes de abril. Tan pronto tomen una decisión, nos informarán.

PUBLICADO 1 de abril

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A destacar apartado 13 por afectar a todas las entidades con personalidad jurídica, al apartado 6 y 7 (medidas para autónomos) y al apartado 8 (medidas en favor de consumidores y usuarios):

1. Se establecen medidas de apoyo a los autónomos. En concreto, al artículo 34 de este RDL establece una moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Para ello, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

En concreto, la Disposición adicional vigésima establece los supuestos en los que se puede ejercer este derecho:

1. Plazo de ejercicio de este derecho

El derecho podrá ejercerse durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es decir, desde el 15 de marzo.

2. Supuestos en los que se pueden hacer efectivos los derechos consolidados:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

3. El importe máximo de los derechos consolidados disponibles:

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público.

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados.

En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.

Esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Descargar aquí

Estimad@ Colegiad@:

Te informo de que el Consejo de Ministros ha publicado la Orden SDN/307/2020 de 30 de marzo para aclarar el alcance del RDL 10/2020.

En síntesis, estar Orden, reitera que el RDL no se aplica a trabajadores por cuenta propia y establece que aquellos trabajadores por cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020 y aquellas otras dedicadas a la actividad de representación sindical o empresarial tendrán derecho a que la empresa o entidad empleadora les expida una declaración responsable reconociendo tal circunstancia. En el siguiente enlace podrás descargarte de la web del Colegio para tu información una copia de la Orden en formato pdf.

Adicionalmente, en el siguiente enlace a nuestra web, podrás descargarte la: «Nota Informativa 15/2020: GUIA DE APLICACIÓN DE LOS ERTES DEL RDL8/2020, EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS» que ha elaborado AEMES. Además, te ánimo a que accedas a la web de AEMES (https://www.aemes.net/) ya que pone a disposición de todo el colectivo Notas Informativas sobre esta crisis del COVID19 que nos afecta.

En otro orden de asunto, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (publicado 2 abril), por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Esta norma consta de 88 páginas por lo que, trataré de sintetizar aquellas cuestiones que pueden resultar de mayor interés, pero te ruego que revises el texto del RDL pues modifica una gran cantidad de leyes y decretos que pudieran ser de tu interés. Llamo tu atención, especialmente, a lo que indico en el apartado 13 por afectar a todas las entidades con personalidad jurídica, al apartado 6 y 7 (medidas para autónomos) y al apartado 8 (medidas en favor de consumidores y usuarios):

1. Se establecen medidas de apoyo a los autónomos. En concreto, al artículo 34 de este RDL establece una moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Para ello, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

2. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

Adjunto a esta Circular, para tu información, una copia del RDL en formato pdf. Insisto en la conveniencia de que lo revises pues el objetivo de esta Circular es tratar solo algunos temas de interés.

Para contribuir a aliviar las necesidades de liquidez de los hogares, se amplían las contingencias en las que se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones recogiendo, con carácter excepcional, como supuestos en los que se podrá disponer del ahorro acumulado en planes de pensiones, la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.

En concreto, la Disposición adicional vigésima establece los supuestos en los que se puede ejercer este derecho:

1. Plazo de ejercicio de este derecho

El derecho podrá ejercerse durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, es decir, desde el 15 de marzo.

2. Supuestos en los que se pueden hacer efectivos los derechos consolidados:

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

3. El importe máximo de los derechos consolidados disponibles:

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.

b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al público.

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Los importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados.

Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados.

En todo caso, el reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la documentación acreditativa correspondiente.

Esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Saludos cordiales,

Eusebio Climent
Presidente

BOE 30 MARZO

Puedes consultarlo aquí

Hemos unificado, en un mismo documento, las diferentes comunicaciones de las entidades aseguradoras (que nos han llegado al Colegio), para que las puedas tener todas accesibles en un mismo lugar.

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, “pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente afectados por la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria”.

Para solicitar la prestación:

• Estar afiliado y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma.
• Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas.
• No se exige un período mínimo de cotización para tener acceso a esta prestación extraordinaria.
• Si no se tuviese período mínimo de cotización, para el cálculo de la prestación a percibir se tendrá en cuenta la base de cotización mínima: 944,35 euros.
• La duración de la prestación es de un mes, prorrogable hasta el fin del estado de alarma.
• Mientras se esté cobrando esta prestación no existirá obligación de cotizar. Si la Seguridad Social cobrase la cuota de autónomos, habría que solicitar devolución de ingresos indebidos.
• Se podrá acreditar mediante la información contable, a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas, del libro diario de ingresos y gastos o cualquier otra documentación contable. Si no están obligados a llevar libros contables se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
• Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.
• No tendrán derecho a esta prestación los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo una prestación o tengan derecho a otra prestación del Sistema de Seguridad Social, tanto si la percibe como si no.

La Asociación de Trabajadores Autónomos facilitará el acceso y simplificará la solicitud de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

PROTOCOLO TRABAJAR

Puedes consultarlo aquí

JUNTA DE GOBIERNO TELEMÁTICA